Ecuador, 15 de diciembre de 2011
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
Art 11 numeral 2 párrafo final de la Constitución de la República del Ecuador.
De antemano saludamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social haya concedido una pensión de montepío a la ciudadana Janeth Peña, cuya compañera, Thalía Álvarez, falleció hace pocos meses. Remarcamos que el IESS solo cumple con su obligación, por lo que esto no debe ser considerado como una dádiva. También instamos a que la comunidad GLBTI ejerza sus derechos de ciudadanía; y a los funcionarios(a) públicos(as) cambiar su actitud, que en la mayoría de ocasiones dificulta el ejercicio de nuestros derechos.
Sin embargo, y a pesar de estos hechos positivos en cumplimiento de los derechos humanos a favor de las personas GLBTI del Ecuador, en el país aún algunos ejecutores de la Ley y magistrados que deben velar por el respeto a la Constitución, parece importarles poco la vigencia de la misma y la existencia de derechos. A continuación citamos dos eventos coyunturales que nos generan malestar y confirma que la garantía de la igualdad de derechos en el Ecuador para las personas, con orientación e identidad sexual diversas, sigue siendo limitada:
1) INTENDENCIA DE GUAYAS ACTÚA CON PREJUICIOS
Como colectivo, condenamos el que en la ciudad de Guayaquil, el fin de semana antepasado, la Intendencia de Policía y la Comisaría respectiva, realizaron una batida de control de papeles a un negocio de encuentro de hombres homosexuales, en el que se irrespetaron disposiciones constitucionales claras, por el prurito de favorecer el accionar mediático, sin contemplar derechos y normas vigentes.
Si bien es obligación de las Intendencias el controlar y vigilar por el cumplimiento de la Ley, como así lo hizo notar la autoridad de la Intendencia ante los medios de comunicación; también constituye un abuso de autoridad el haber permitido que cámaras de televisión y otras personas ajenas a ese espacio de encuentro, se tomen la atribución de irrumpir con la privacidad y violen la intimidad e integridad de los clientes de una sauna spa del Puerto, bajo criterios y declaraciones públicas claramente prejuiciosos, respecto del comportamiento y prácticas sexuales de las personas gays, por los criterios morales y personales del Intendente, quien ahora postula para juez de la Familia y Contravenciones.
Acotamos que en el proceso de selecciòn de jueces se evalúa el que los candidatos no presenten actitudes homofòbicas.
A seguir, exponemos los derechos y garantías constitucionales que consideramos fueron violados por los actos y actitudes promovidos por parte de estas autoridades de Estado, ante los medios de comunicación y de forma pública:
· Art 11 numeral 9; Art 66 numerales 5, 7, 9, 11, 18, 20; Art 83 numeral 14
· El Art 66 numeral 11 reza: El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular (…) la información personal o de terceros sobre (…) datos referentes a su salud y vida sexual…
· Art. 66 numeral 9 claramente dice que: las personas tienen derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual. Dispone que el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. ¿Las intendencias en este país facilitan el que emprendimientos o negocios orientados a público homosexual, se desarrollen bajo la legalidad, o su actitud prejuiciosa y trabas burocráticas y de parcialidad, fomentan la informalidad, ilegalidad y clandestinidad en las relaciones sexuales inseguras y por ende sus clientes se conviertan en ciudadanos de segunda? La sauna clausurada incluso distribuía de forma gratuita preservativos a sus clientes para prácticas sexuales seguras (Art 66, numeral 15).
Con base en esto, podemos afirmar que el atropello cometido por la Intendencia de Guayas en contra del Sauna SPA clausurado es totalmente anticonstitucional.
2) ¿UN MAGISTRADO CONSTITUCIONAL QUE DESCONOCE DE LEYES?
El colectivo Igualdad de Derechos Ya también protesta y rechaza de forma tajante la actitud tomada por un alto magistrado de la Corte Constitucional de nombre Alfonso Luz Yúnez, quien bajó un escalón en su representación al defender intereses gremiales en una disputa que lo aleja de su ejercicio como juez, y también que lo pone en entredicho con lo que la propia constitución le dispone: Demostrar probidad y ética (Art 433 numeral 4).
El día 9 de diciembre, en un medio de comunicación, se difundieron declaraciones de dicho magistrado por las cuales endilga en forma de agravio calificativos homofóbicos y transfóbicos contra el Secretario Jurídico de la Presidencia, Dr. Alexis Mera.
La sociedad debe aprender a sorprenderse con este tipo de actitudes de un miembro de la institución encargada de control constitucional y de cualquier otra del Estado ¿Cómo se concibe el que un juez constitucional profiera calificativos que contradicen la propia norma al exultar adjetivos discriminatorios que violan el Art 11 numeral 2 de la Carta Magna, que está obligado a respetar y hacer prevalecer? ¿Será que él conoce el contenido de este articulado? ¿Será que el conoce que sus insinuaciones consituyen un delito de odio? (Código Penal Art 455 reformando)
Por lo antes expuesto, exigimos de este magistrado sus públicas disculpas y demandamos del Estado, los medios de comunicación y la sociedad, denunciar este tipo de atropellos y actitudes retrógradas que irrumpen con nuestros derechos, imposibilitando la facultad de aprender a convivir con ciudadanos(as) diversos(as), que como cualquier ecuatoriano(a), cultivamos nuestro trabajo por el país que soñamos, ejerciendo derechos y obligaciones, incluso como profesionales, muchos de nosotros(a) abogados(a), como el doctor Luz Yúnez y sus agremiados(as).
Referencias: 092529887
